Por más que intente cuadrar las cuentas,
calculadora y facturas en mano, los números s
iempre salen en rojo.
Francisco Jesús González tiene una imprenta
y tres empleados a su cargo. La crisis ha tocado de lleno
a este autónomo rondeño, que señala que las facturas
sin cobrar por trabajos ya realizados están poniendo
en jaque su negocio.
Calcula que actualmente tiene unos 30.000 euros
en la calle sin cobrar. Y 15.000 de ellos son de una deuda
que arrastra desde hace más de un año
con un ayuntamiento de la comarca.
«Sabíamos que la administración pública paga tarde,
pero lo que no me imaginaba es que no me iba a pagar», explica.
Para una empresa pequeña como la suya, 15.000 euros
suponen poder pagar el salario de un empleado
durante un año. Ante la falta de liquidez,
debe 8.000 euros de alquiler al propietario de la nave.
«Tampoco me conceden ningún préstamo en el banco
para poder pagar mis facturas», dice mientras confiesa
que no le queda más remedio que despedir a uno de sus trabajadores.
Como González, casi 60.000 autónomos malagueños
están asfixiados por la morosidad
de las administraciones públicas y las empresas privadas.
El 64% de los trabajadores por cuenta propia,
según un estudio de la Federación Nacional
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA),
sufre esta situación que no ha mejorado desde que en julio
del pasado año entró en vigor la Ley de Morosidad.
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